Ciudad de México, 14 jul (EFE).- Organizaciones civiles y víctimas documentaron alrededor de un centenar de denuncias por tortura, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad que involucran directamente a efectivos federales de los grupos de élite del Ejército Mexicano destinados a combatir a la célula criminal Los Cabrera en la capital de Durango, situada en el norte del país.
Según un comunicado de prensa, la ofensiva militar comenzó el pasado 10 de junio con la llegada del cuerpo de operaciones especiales 'Murciélagos' y se reforzó posteriormente con los agrupamientos urbanos 'Perrazos' y otras unidades especializadas y logró inicialmente decomisos millonarios de efectivo, armas de alto poder y vehículos de lujo en diversas colonias de la ciudad.
A pesar de que el despliegue generó una percepción ciudadana positiva en sus primeros días al disminuir notablemente la presencia de escoltas armados y vigilantes del narcotráfico en la vía pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (Cedhd) y la instancia nacional (CNDH) comenzaron a registrar graves violaciones a las garantías individuales.
Entre los expedientes oficiales destaca el caso que denuncia el homicidio del yesero Arturo Pérez Deras, quien presuntamente murió tras recibir dos disparos por la espalda por parte de una docena de militares que abandonaron el cuerpo en la colonia Lázaro Cárdenas el pasado 27 de junio.
Asimismo, las actas recopiladas por las autoridades defensoras incluyen la agresión física contra el joven Alexis Antonio Morán, de 19 años de edad, quien sufrió una fractura de pierna tras ser retenido clandestinamente y golpeado con un bate por elementos que le exigían información sobre actividades ilícitas.
Otro de los testimonios más severos corresponde a Juan Manuel Hernández Atilano, quien el pasado 10 de julio fue perseguido por uniformados, golpeado hasta perder el conocimiento,fue agredido sexualmente y sufrió cortes de navaja y finalmente abandonado desnudo en las inmediaciones de la carretera libre a Mazatlán.
En las querellas formales presentadas por las organizaciones civiles y las víctimas se coincide en señalar que estas operaciones presuntamente eran coordinadas por un mando militar con el rango de teniente e identificado bajo el apodo de Reyes, motivo por el cual los denunciantes pidieron la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La Secretaría de la Defensa Nacional no ha respondido hasta el momento a las denuncias.
Estas acciones y las posteriores denuncias se dan en un contexto de recrudecimiento en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México debido a la presión del Gobierno de Estados Unidos.